De la economía verde y circular, del cambio climático, las zonas protegidas y la Junta de Extremadura.

 Hace una semana, el Tribunal Supremo avanzó su decisión de que el complejo Marina Isla de Valdecañas debía ser demolido y volver a su estado anterior al haberse construido en una zona ZEPA  (Zona de Especial Protección para las Aves) de la RED Natura 2000, constituida a principios de los 90.

La Sentencia viene a ratificar su decisión de 2014 y la del TSJEx en 2011, pero que siguió un largo proceso judicial porque en medio del litigio, la Junta de Extremadura decidió cambiar la Ley de Suelo para tratar de hacerla legal con carácter retroactivo. Independientemente de la opinión personal de cada uno sobre la zona, la dejadez medioambiental que propiciaba un mal estado de conservación antes de la llegada del Resort, tras pedir un estudio independiente que dictaminó que "la opción más beneficiosa es la restauración ambiental de la isla", en 2020, el TSJEx hizo lo contrario y estimó el recurso que mantenía en pie lo ya construido y obligaba a derribar el resto. 

La semana pasada, el Supremo contradijo al TSJEx y volvió a dar la razón a la denuncia desde colectivos ecologistas.

Desde ese día, la opinión publicada y el debate ha tornado sobre la cantidad de zona protegida que tiene Extremadura, sobre sus beneficios y teóricos perjuicios y sobre la posibilidad de reducir la zona protegida o reducir las restricciones. Y han gastado todos los esfuerzos, energías y medios desde la Junta para dirigir hacia allí el debate y no hacia sus responsabilidades en sus reiteradas y continuas acciones ilegales y para argumentar que el gran problema de Extremadura, de su paro y su despoblación proviene, precisamente, del exceso de restricciones y de protección medioambiental (recuerden, en 1992 se creó la RED Natura 2000), del excesivo celo ecologista y de las decisiones judiciales que pretenden derribar el complejo. Un complejo ilegal. Huelga decir que mantenerlo en pie, como pretendía el TSJEx, sentaría jurisprudencia y allanaría el terreno a volver a la política de hechos consumados: construir donde no se puede hasta que la justicia intervenga, sin solución ni marcha atrás pese a tener razón en la denuncia. O lo que es lo mismo: los que actúan contra la ley beneficiándose de la ilegalidad. 

Por otro lado, cuesta creer que en con la emergencia del clima climático tan presente, con promesas de economía verde y circular en los programas, con la necesidad de unas políticas de desarrollo sostenible por las evidencias del citado cambio climático y en plena ola de sequía y altas temperaturas en pleno invierno que tienen los embalses bajo mínimos, también el de Valdecañas, se ataquen las medidas de protección ambiental para defender instalaciones como Elysium City o Marina Isla de Valdecañas, que soporta 8 decenas de piscinas privadas, además del consumo de agua que requiere el mantenimiento del campo de golf, el hotel y las más de 100 viviendas de lujo que allí se construyeron. 

Pero, más allá de estas consideraciones, vayamos a lo que se ha publicado estos días sobre las zonas protegidas, lo que ha supuesto la protección y lo que dicen que impide y a los datos concretos. 

Ya desde que se conoció el avance de la sentencia, tanto Vara (presidente desde 2007 hasta 2011 y desde 2015, hasta ahora. Es decir, en plena construcción del complejo) y Monago (presidente desde 2011 hasta 2015, durante las primeras sentencias y el intento de cambio de suelo) pusieron las culpas sobre las restricciones en suelo protegido y acusaron a estas de impedir frenar la despoblación y crear empleo.

¿Qué dicen las cifras? Empecemos por el proyecto. Marina Isla de Valdecañas. Los datos desde el inicio de las obras nos demuestran que ni ha frenado la despoblación, ni ha aumentado la creación de empleo, no sólo en los dos municipios en los que se encuentra (El Gordo y Berrocalejo), sino también en el resto de poblaciones aledañas (Navalmoral, Peraleda, Bohonal de Ibor).

Es más, la propia sentencia del TSJEx de 2020 en la que se denegaba la demolición ya reconocía que el complejo no estaba creando un gran número de empleos.

 Hay que recordar que el proyecto se aprobó como PIR (proyecto de interés regional) buscando con esta catalogación saltarse las protecciones. Los datos demuestran que no hay tal beneficio regional y que los ricos vienen pero la riqueza ni se queda ni se distribuye en Extremadura, ni tan siquiera en la zona del Campo Arañuelo: son apenas un centenar de empleos (150 en el mejor de los casos) los que genera el complejo de casi 135 hectáreas y con unas 150 viviendas privadas. 

Como demuestran los gráficos de evolución de paro y población, el Resort no ha tenido consecuencias apreciables en evitar la despoblación o el desempleo. 

Sólo El Gordo tiene más población que en 2006. Sólo Berrocalejo tiene menor número de personas desempleadas 15 años después (de 1 a 0) pero habiendo reducido la población. Sólo El Gordo tiene menor porcentaje de desempleo, pero está por encima de la media autonómica. El resto tienen menos habitantes y más paro.

Podemos apreciar la tendencia de los dos principales municipios afectados mejor en esta gráfica.

En El Gordo, la tendencia al alza es anterior al inicio del proyecto, si bien es cierto que ha aumentado la población respecto al inicio del 2000. En Berrocalejo, en cambio, la población ha disminuido respecto a 2002, teniendo su apogeo durante la construcción del complejo. Pero esta situación contrasta con el descenso del resto de municipios de la zona, que no han notado de forma positiva la presencia del Resort. El único municipio que tiene más habitantes que en el año 2000 es El Gordo. El resto han descendido en población con un pico de mantenimiento en la época de la construcción.

Pero la intención real no es defender (que también) Marina Isla de Valdecañas e intentar evadir culpas y evitar o retrasar la demolición (y las consecuentes indemnizaciones que pagaremos entre todos y todas por las ilegalidades políticas y por, pese a haber decretado su ilegalidad, no haberse paralizado las obras y las ventas de forma cautelar por el TSJEx), la intención es permitir que en zonas ZEPA se instalen otros megaproyectos de similares características como el Elysium City, que pretende construir una nueva ciudad, con más plazas hoteleras de las que hay en toda Extremadura, casinos, estadio de fútbol, zona residencial para unas 40.000 personas en plena zona declarada recientemente Reserva de la Biosfera. 

En esa lucha, en la gran promesa del ejecutivo de Guillermo Fernández Vara, el gran proyecto presentado para esta legislatura a finales de 2018 y que da sus pasos para intentar realizar sus primeras obras antes de las elecciones de 2023 (cuando se suponía que iba a estar terminada la primera fase del proyecto), el presidente lanzó un nuevo ataque que ha sido secundado por la prensa: la RED Natura 2000 impide el desarrollo (sigo alucinando con estas declaraciones) y hay municipios que por las restricciones no pueden realizar ni una residencia de mayores.

El ex diputado de IU Víctor Casco preguntó por qué municipios habían solicitado una residencia de mayores y habían obtenido el no por las restricciones medioambientales. Nadie contestó a esta aseveración que parecía ser una exageración del presidente. Pero sí aparecieron días posteriores, ante la apariencia de falsedad de las declaraciones, noticias que apuntaban a esa situación.

El domingo salen dos noticias al respecto: una, en el Diario Hoy, que dedica su portada a cuestionar los beneficios de la Red Natura 2000, y otra en Canal Extremadura Televisión, que hace lo mismo e incide en la imposibilidad de construir instalaciones como residencias de mayores o centros escolares. Es curioso lo de los centros escolares teniendo en cuenta que la política ante la despoblación está siendo el cierre de colegios (recientemente, uno en Mérida) o de aulas. Pero vayamos a los datos.

Empecemos por lo primordial: los beneficios de la Red Natura 2000 que ahora se quieren poner en duda.

La noticia de Canal Extremadura se fija en dos municipios: Serradilla, en pleno Parque de Monfragüe, y Baños de Montemayor.

Vamos a poner en contexto. La mayor pérdida de población en Serradilla tuvo lugar entre 1960 y 1980 (-2000). De hecho, la denominación de Parque Natural contuvo la despoblación. Desde entonces, la población ha descendido en 800 personas.

Es más, si nos fijamos con más detalle, tras un pequeño incremento de población tras la declaración de Parque Natural, volvió la tendencia a la baja que se revirtió en 2007 tras la conversión en Parque Nacional pasando de 1721 a 1766 habitantes en dos años. Con el inicio de la crisis la población volvió a disminuir.

 La otra cuestión que planteaba la noticia de Canal Extremadura era la imposibilidad de realizar una residencia de mayores en la localidad. Así lo destacaba en el subtítulo de la noticia, si bien esa afirmación se tornaba a pregunta tanto en la introducción de la pieza en el informativo como en el propio texto. Y no aparecía referencia ni denuncia alguna al respecto.  

Es raro que en un municipio que pierde población, sin edificios altos y principalmente diseñado con casas, no se encuentren terrenos o fórmulas para conseguir terrenos que permitan la construcción de otra residencia.

https://www.canalextremadura.es/noticias/extremadura/el-problema-de-los-trece-pueblos-protegidos-no-nos-dejan-progresar

Similar tendencia a Serradilla mantiene Torrejón el Rubio. En este caso, los dos descensos más drásticos se dan hasta la declaración de Parque Natural y después desde finales de los 90 hasta 2004-2005, coincidiendo un sostenimiento con la declaración de Parque Nacional (2007).

En la misma pieza se hablaba de la situación de Baños de Montemayor, un municipio que aseguraban tenía limitado su crecimiento y que se estaba viendo perjudicado para retener población por tener suelo protegido por la Red Natura 2000 ¿Es motor de población o freno? Pues los datos, más allá de las consideraciones personales de las políticas que debieran crearse y los modelos de producción, industrialización y negocio por los que debería apostar la administración desde su potencial y protección ambiental, dicen esto.

Como con Serradilla, su mayor descenso se da en el franquismo, sobre todo en la parte final. Desde los años 90 (Red Natura 2000) se mantiene e incluso crece la población.

En la gráfica del INE (sólo aporta datos desde 1996, de ahí que no aporte datos de empleo) se ve claramente como la declaración de Parque Nacional coincide con una ralentización de la despoblación en Serradilla y Torrejón el Rubio, incluso puntos de recuperación. El otro municipio (verde) es Baños.

La noticia de portada del Diario Hoy, publicada el mismo día que la información de Canal Extremadura, se fija en otro municipio cercano al Parque de Monfragüe y también cercano a Marina Isla de Valdecañas.

El titular dice que no se puede hacer una residencia “en ese terreno elegido” por la protección. En el texto, los motivos no tienen que ver con la Red Natura 2000, sino por la distancia a la que debe estar del casco urbano.

Sobre el terreno necesario, poniendo como ejemplo la última construida en Plasencia con capacidad para 176 personas, se han utilizado 6000 metros cuadrados, casi la mitad de los 10.000 que creen necesarios en Serrejón para un residencia para 45-50 personas.

Cuesta creer que en un municipio que está en la zona de influencia de Almaraz y en el que en 2006 se abrió un Hotel Spa privado de 200 hectáreas se hable de que los terrenos protegidos no permiten construir una residencia de mayores.

¿Afectó la Red Natura 2000 negativamente a Serrejón? Su creación en 1992 coincide con un frenazo a la despoblación y un ligero alza en esos primeros años (hasta 595 en 1999). Desde entonces, ha ido bajando con oscilaciones hasta los 406 actuales (más que en 1991). De esos datos de población, vemos como en los últimos 15 años (desde la declaración de Marina Isla de Valdecañas como PIR), la tendencia de la población ha sido también a la baja y tampoco ha supuesto una contención del desempleo.

Y estos son los datos, que seguramente tenga otras muchas más explicaciones que las declaraciones medioambientales y sus protecciones, que tienen otras muchas aristas pero que demuestran con claridad que la protección ambiental no es un freno para el desarrollo de sus municipios ni propicia la despoblación, más bien ha sido causa de lo contrario, y que -salvo su construcción- el complejo Marina Isla de Valdecañas no ha supuesto un refuerzo positivo para la zona ni a nivel de habitantes ni de empleo. Evidentemente, duele que se pierdan los puestos de trabajo sea 1, 100 o 1.000.000 pero no es menos cierto que no ha habido ninguna actuación para evitar el paro en esa zona, para dinamizarla y absorber el trabajo que podría perderse en caso de una sentencia de demolición, como así ha ocurrido. El PIR no trajo un beneficio a la región sino a un único proyecto que trajo ricos pero no riquezas.

También uno entiende que la demolición ordenada y la posterior reforestación y cuidado mediambiental generará puestos de trabajo que nadie ha querido cuantificar ni valorar. 

Y todavía nadie ha sido capaz de demostrar que por estas protecciones se haya impedido instalar residencia de mayores u otros servicios públicos. Tampoco nadie ha asumido la responsabilidad política de lo que supone la sentencia, de lo que supone haberse saltado de forma reiterada la ley y de haber construido y seguido adelante con el proyecto pese a las firmas dudas y a la sentencia de 2011, que llevó a las personas que adquirían su vivienda a firmar cláusulas de indemnización en caso de demolición. Es decir, sabían que podían pasar y tenían consciencia de que la construcción del Resort era ilegal.

https://www.canalextremadura.es/noticias/extremadura/la-promotora-de-valdecanas-exige-a-la-junta-215-millones-de-euros-de?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1645012360-1

No obstante, como dice Paca Blanco, no sé si llegaremos a ver la demolición o cuando llegará a producirse porque la Junta, animada por el PP (responsable de gobierno durante 4 años) y C´s promete retrasar más todavía el conflicto llevando la sentencia al Tribunal Constitucional, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o al Tribunal Europeo de Justicia.

De los dos primeros, como apuntan especialistas de la UEx, es posible que ni siquiera sean admitidos a trámite.

https://www.elperiodicoextremadura.com/extremadura/2022/02/16/expertos-uex-ven-factible-alegar-derribo-valdecanas-62808168.html

El recurso de amparo ante el Constitucional se presenta solamente por una presenta vulneración de derechos fundamentales, no para corregir si la demolición mejora o perjudica al medio ambiente como aleja la Junta, si le sentencia acierta o se equivoca. Eso ya se considera probado en las sentencias desde 2011, en el informe independiente y el Supremo es la última instancia jurídica ante la que poder probar que el daño que se pueda causar es mayor al beneficio. Y el Supremo ha sido claro: "La Administración al  aprobar el PIR  Marina  Isla  de  Valdecañas  actuó  como  si  la  protección  del  terreno  no  existiera  y  decidió transformar  urbanísticamente  el  suelo  como  si  de  suelo  sin  protección  alguna  se  tratara". "La responsabilidad económica que pueda resultar para la Administración en este caso, lejos de resultar desproporcionada, se corresponde con el alcance de su responsabilidad en la transformación urbanística declarada ilegal".

Es más, el propio Constitucional ya se manifestó al respecto de realizar construcciones urbanizables en zonas ZEPA tras el recurso presentado por el cambio de la Ley del Suelo que el gobierno de Fernández Vara aprobó en marzo de 2011, en medio del litigio, para intentar dar legalidad a la urbanización con carácter retroactivo. Esa acción fue declarada inconstitucional en 2019.

Pero, no obstante, vayamos a lo que dice el Constitucional sobre el recurso de amparo. Su razón de ser es preservar derechos fundamentales, no otra instancia a la que convencer de tus argumentos. 

Aquí se explica con claridad los casos en los que se puede presentar recurso de amparo. No parece que la sentencia vulnere ninguno de los derechos fundamentales comprendidos entre los artículos 14 y 30 de la Constitución.

https://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/InformacionRelevante/PreguntasFrecuentes.pdf

Mismo argumento puede utilizarse para un posible recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya que es difícil de demostrar e incluso justificar para ser analizado que se están vulnerando derechos humanos o fundamentales con la sentencia de demolición.

La única alternativa posible sería el Tribunal Europeo de Justicia pero cuesta creer que desde este organismo se permita por intereses meramente económicos que se mantenga una zona residencial en un suelo ZEPA, que cuenta con especial protección de la UE. Y cuesta pensar también que la propia UE estime que es más perjudicial medioambientalmente el derribo que el mantenimiento de las 185 viviendas de lujo, campo de golf y hotel de 4 estrellas de un entorno que, si no recuerdo mal, fue declarado ZEPA en 2005. Y justificar que ha mejorado la zona con las obras por el mal estado de conservación y abandono más que dar razones señala claramente la irresponsabilidad, falta de control y de mantenimiento e inacción en una zona protegida por parte de las administraciones que están demostrando que eran conocedoras de la existencia de vertederos ilegales.

Dicho lo cual, creo que ya va siendo hora de que, lejos de culpar al medioambiente y a la protección del mismo de los males de Extremadura, se asuman y tomen responsabilidades políticas por la ilegalidad perpetrada, por el daño causado y por el coste que todo esto va a suponer para la región en forma de indemnizaciones. Curiosamente, de esto es de lo que menos se está hablando mediática y políticamente. Los dos partidos más votados han tenido responsabilidades en lo ocurrido y de ahí que quieran desviar el debate. 

También quien quiere asegurar que hay inseguridad jurídica en Extremadura para la instalación de futuros proyectos: no, lo que hay es inseguridad política ante su prepotencia para saltarse la ley y querer creer que no iba a ocurrir nada. Las protecciones son claras, dan seguridad y también nos dicen en qué espacios se pueden instalar los distintos proyectos. Otra cuestión es que queramos vender como progreso el destruir nuestro entorno natural, algo que se ha demostrado altamente dañino y perjudicial en el litoral y con resultados evidentes con el cambio climático que sufrimos en uno de los inviernos más secos y cálidos de las últimas décadas. 

La manida frase "tenemos que encontrar la forma en la que convivamos los seres humanos con la fauna y la flora" no debe entenderse para utilizar la naturaleza como si fuera de nuestra propiedad sino para lo contrario, para construir desde el máximo de los respetos y, con cada día más evidencias, sabiendo que el progreso no puede pasar por destruir y desforestar nuestras tierras. Eso no será progreso porque nos dejará sin futuro.

*Informaciones e imágenes extraídas de Canal Extremadura Televisión, El Diario, El Periódico Extremadura, Diario Hoy, El País, INE, Tribunal Constitucional, Datosmacro.com, Ecologistas en Acción, Región Digital y las cuentas personales y públicas de Twitter.